Hermosillo, Sonora.-
El análisis del crimen a través de las investigaciones iniciadas por las autoridades deja en evidencia una preocupante realidad en Sonora: la mayoría de los delitos no se denuncian o no se investigan, una situación reflejada en la llamada "cifra negra". Este indicador alcanzó en 2023 su nivel más alto en los últimos 14 años, con un 95.4 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
El aumento, de 5.2 puntos porcentuales respecto a 2022, marca un récord histórico desde 2010, superando incluso el 94.92 por ciento registrado en 2020. Esto significa que solo un pequeño porcentaje de los delitos cometidos en el estado son denunciados o seguidos mediante averiguaciones formales.
Sonora entre los estados con mayores dificultades para denunciar
A nivel nacional, la cifra negra promedio fue de 92.78 por ciento en 2023, un ligero incremento respecto al año anterior. Sin embargo, Sonora destacó como la octava entidad con mayores dificultades en la cultura de la denuncia.
Por encima de Sonora se encuentran estados como Guerrero (97.45 por ciento), Chiapas (96.64 por ciento), Tamaulipas (96.39 por ciento) y Sinaloa (96.33 por ciento), entre otros.
Un desafío histórico
La cifra negra no solo refleja la falta de denuncias, sino también los obstáculos sistémicos y culturales que impiden a las víctimas reportar los delitos. Factores como la desconfianza en las autoridades, el miedo a represalias, la percepción de impunidad y la falta de acceso a la justicia contribuyen al crecimiento de este indicador.
Mientras que a nivel nacional la cifra más alta de delitos no denunciados se reportó en 2020 con 93.31 por ciento, en Sonora este problema continúa en ascenso, planteando un desafío significativo para las autoridades estatales.
La cifra negra representa un obstáculo crítico para medir con precisión la incidencia delictiva y diseñar políticas públicas efectivas para la prevención del crimen. Abordar este problema requiere fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, mejorar los procesos de atención y garantizar justicia para las víctimas.
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