Hermosillo, Sonora.-
El 2025 comienza con grandes desafíos para sectores estratégicos de la economía mexicana, como la minería, el energético, las telecomunicaciones y las industrias intensivas en el uso de agua, según un estudio de Integralia Consultores que analiza riesgos políticos en el país. Estos sectores, que tuvieron un notable crecimiento en Sonora durante 2024, ahora enfrentan un panorama de incertidumbre jurídica y regulatoria.
El informe señala que las reformas impulsadas por la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum han generado preocupación, al priorizar criterios políticos sobre los técnicos o económicos en áreas como legislación laboral, medioambiente y regulación administrativa. "El clima de incertidumbre persiste debido a la falta de consultas con el sector empresarial y otros actores afectados", expone el documento.
Sectores de mayor riesgo
Integralia identifica diez riesgos políticos principales para México en 2025, destacando la incertidumbre derivada de las políticas del gobierno federal. Según el análisis, los sectores con "muy alto riesgo" son:
Minería
Energía
Telecomunicaciones
Industrias intensivas en agua
En el nivel de "alto riesgo" figuran:
Electrónica
Automotriz
Alimentaria
Mientras que los sectores de "riesgo medio" incluyen el turismo, farmacéutica, química, construcción, manufactura, y servicios financieros.
Impacto económico y comercial
El análisis también aborda factores internacionales, como un posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que podría reducir el interés de inversionistas extranjeros en proyectos de relocalización de cadenas productivas. Esto afectaría la planeación, productividad y rentabilidad de empresas vinculadas al comercio bilateral.
Sonora, en la encrucijada
En 2024, Sonora destacó por su desempeño en sectores clave como minería y energía, pero los retos para 2025 ponen en duda la continuidad de este crecimiento. Los especialistas advierten que, en una escala del 1 al 4, los riesgos asociados a estos sectores tienen una probabilidad de ocurrencia "máxima" y un impacto evaluado en nivel 3.
El informe concluye que, para mitigar estas amenazas, es esencial un diálogo más inclusivo entre el gobierno federal y los sectores afectados, que permita equilibrar las decisiones políticas con los intereses económicos y sociales del país.
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