Como parte de una estrategia para reducir el cruce ilegal de personas entre México y Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump inició la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo en la zona colindante con Sonora.
Este 16 de marzo de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el inicio de la edificación de siete millas (aproximadamente 11 kilómetros) de barrera en el estado de Arizona, vecino de Sonora. A través de un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria detalló que el proyecto busca reforzar la seguridad fronteriza.
"Justo en este punto pueden ver dónde termina el muro fronterizo. Hoy comenzamos siete millas de construcción. Seguiremos trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser seguro", declaró Noem desde Arizona.
Sonora y Arizona comparten aproximadamente 568 kilómetros de frontera, que en su mayor parte está delimitada por barreras físicas y vigilancia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). En territorio mexicano, los municipios de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Sásabe, Nogales, Naco y Agua Prieta cuentan con puertos fronterizos oficiales.
Esta región ha sido objeto de modificaciones constantes en los últimos años. En febrero de 2025, se reforzó la zona entre Yuma y San Luis Río Colorado con la instalación de alambre de púa. Anteriormente, en 2022, el entonces gobernador de Arizona dispuso la colocación de contenedores de carga en doble apilamiento para frenar los cruces ilegales, con una inversión de seis millones de dólares.
Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), también se realizaron ampliaciones del muro en la frontera entre Arizona y Sonora, afectando a la comunidad indígena Tohono O’odham. La etnia, también conocida como pápagos, denunció que la construcción destruyó sitios sagrados y generó un impacto negativo en su territorio ancestral.
La expansión del muro sigue generando controversia, pues mientras las autoridades estadounidenses justifican su construcción como una medida de seguridad, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades locales han manifestado preocupaciones sobre sus implicaciones sociales y medioambientales.
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