El pasado sábado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma histórica al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), otorgándole la facultad de construir viviendas, modificando su modelo tradicional de financiamiento.
El cambio en el modelo del Infonavit
Históricamente, el Infonavit ha operado como un organismo financiero, proporcionando créditos para la compra de vivienda sin involucrarse directamente en su construcción. Este esquema ha permitido a miles de mexicanos acceder a un hogar, dejando la edificación en manos del sector privado.
Con la nueva reforma, el gobierno asume el papel de constructor, utilizando los ahorros de los trabajadores para financiar la edificación de viviendas. Este cambio genera dudas sobre su viabilidad financiera y operativa.
Los fracasos previos del gobierno como empresario
El historial de incursiones gubernamentales en sectores productivos ha demostrado ser problemático:
Gas Bienestar: Iniciativa destinada a reducir el costo del gas LP que acumuló pérdidas millonarias sin cumplir su objetivo.
Mexicana de Aviación: Intento fallido por revivir la aerolínea estatal, resultando en enormes pérdidas financieras.
Pemex y CFE: Empresas estatales con pérdidas multimillonarias y rezago tecnológico, afectadas por subsidios gubernamentales.
Si la historia se repite, la reforma al Infonavit podría traducirse en mala administración de recursos y falta de transparencia.
Riesgos de la reforma para los trabajadores
Uno de los principales riesgos es el financiamiento del proyecto con los ahorros de los trabajadores. El Infonavit maneja más de dos billones de pesos en cuentas de ahorro que deberían destinarse exclusivamente a créditos de vivienda. Con esta reforma:
El gobierno podrá utilizar estos recursos sin el consentimiento de los trabajadores.
Los fondos destinados a créditos podrían redirigirse a proyectos de construcción de dudosa eficiencia.
Se limita el poder de decisión de los trabajadores sobre sus propios ahorros.
Impacto en el sector privado
La reforma también tendrá un impacto significativo en el sector de la construcción en México:
Incertidumbre para desarrolladores: Las constructoras podrían ver reducidos sus contratos y financiamiento, afectando a miles de empleos.
Menor calidad en la vivienda: La falta de competencia podría derivar en proyectos estatales ineficientes y costosos.
Mayor burocracia y corrupción: Los proyectos estatales suelen enfrentar retrasos y sobrecostos derivados de la corrupción.
El papel del gobierno: facilitador, no constructor
En lugar de involucrarse directamente en la construcción, el gobierno debería enfocarse en:
Garantizar la transparencia en la administración de créditos de vivienda.
Regular el sector para evitar fraudes y abusos.
Impulsar políticas que fomenten la construcción de vivienda asequible.
La función del Estado no es administrar empresas, sino generar condiciones para que el sector privado opere con reglas claras y equitativas.
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